La medida aprobada por el Consejo de Ministros permitirá a decenas de miles de personas en el Archipiélago salir de la irregularidad y acceder a empleo, sanidad y protección social
La reciente aprobación en el Consejo de Ministros de una regularización extraordinaria de inmigrantes marca un punto de inflexión en la política migratoria española y tiene un impacto directo en Canarias, uno de los territorios más expuestos a la llegada de población extranjera. Esta medida reguladora permitirá que centenares de personas en situación irregular accedan a permisos de residencia y trabajo. Un hecho que logrará que estos individuos puedan consolidar su integración tanto social como económica en España.
Según datos oficiales y estimaciones de diversos medios, el proceso podría beneficiar a unas 500.000 personas en toda España. Y los números en Canarias señalan que serían alrededor de 40.000 potenciales beneficiarios. Cifra significativa en relación con la población del Archipiélago.
Un proceso con requisitos claros y plazos definidos
Esta regularización extraordinaria, que se inicia este 16 de abril, establece una serie de condiciones concretas para acceder al procedimiento. Entre ellas, la obligación de acreditar una residencia mínima de cinco meses en España antes del 1 de enero de 2026, así como la ausencia de antecedentes penales. El proceso se mantendrá abierto hasta el 30 de junio de 2026.
En caso de lograr el permiso, el mismo, tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de renovación. La intención principal de la medida es lograr una integración efectiva de la población migrante en España. De aprobarse la regularización, los migrantes gozarán de derechos fundamentales como:
- Acceso a la Seguridad Social
- Obtención de tarjeta sanitaria
- Posibilidad de trabajar de forma legal
Uno de los pilares de la medida es su impacto en el mercado laboral. El Gobierno defiende que la regularización permitirá aflorar empleo sumergido y mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores.
Sectores como a agricultura, cuidado y atención a mayores, hostelería y turismo dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, especialmente en Canarias. La incorporación de estas personas al sistema formal contribuirá a incrementar las cotizaciones y los ingresos fiscales, al tiempo que reducirá la precariedad.
