Hace cien años, las mujeres españolas vivían bajo leyes que las definían principalmente como esposas, madres y dependientes. Su identidad legal estaba ligada a la de sus maridos o padres. No podían votar, el divorcio era imposible, e incluso trabajar o abrir una cuenta bancaria requería permiso masculino. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, esta realidad cambió drásticamente.
La transformación de España de una sociedad de roles de género estrictos a una con algunas de las leyes de igualdad más progresistas de Europa no ha sido ni fluida ni sencilla, pero se sitúa como uno de los cambios sociales más significativos de la historia moderna española.
La Segunda República (1931–1936) marcó el primer gran paso hacia la igualdad. La Constitución de 1931 concedió a las mujeres el derecho al voto, derecho que ejercieron por primera vez en 1933, e introdujo la igualdad legal en el matrimonio y el divorcio. Estas reformas situaron a España entre los primeros europeos en adoptar el sufragio femenino. Sin embargo, la victoria fue efímera. Bajo la dictadura de Francisco Franco (1939–1975), los derechos de las mujeres se redujeron drásticamente. El Código Civil exigía que las mujeres casadas obtuvieran el permiso de su marido, conocido como permiso matrimonial, para trabajar, poseer bienes, abrir una cuenta bancaria o viajar al extranjero. Se prohibieron el divorcio y la anticoncepción, y las normas legales y culturales reforzaron el papel de las mujeres como esposas y madres.
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